Duty Free y V

            Las pensiones, otro caballo de batalla que el neoliberalismo quiere reducir a la condición de pony, gatito o cucaracha en función de la rama de pensamiento (único) de esta corriente ideológica. Las pensiones son, también, una cuestión DE REPARTO: no se trata de “lo que sea sostenible”, “lo que se pueda pagar”, del ratio pensionistas/retirados, del volumen de cotizaciones sociales y demás zarandajas: se trata de la parte de producto obtenido que QUEREMOS destinar a nuestros mayores (e incapaces), ni más ni menos. Lo discutiremos a partir de dos falsas ideas extendidas entre el común: una ingenua y la otra siniestra.

           La idea ingenua identifica a los que creen que el sistema de pensiones depende de la esperanza de vida de las personas y entiende que, puesto que la “gente vive más” es normal que no haya dinero para pensiones y que la edad de jubilación debería aumentar. En esta corriente, por haber, hay hasta gente “que se cree de izquierdas” simplemente porque vota (o milita) en el PSOE (yo una vez me apunté a un gimnasio y no me considero un deportista, pero, en fin, allá ellos...).

              El entuerto se deshace con facilidad: en 1.995 la renta nacional neta disponible ascendía, en España, a 388.029 millones de euros y la esperanza de vida se situaba en 78,09 años (datos INE). En 2.010 el mismo concepto de renta se situaba en 854.880 millones de euros y la esperanza de vida había subido hasta los 81,95 años. Si la renta disponible en esos quince años largos se ha multiplicado por más de dos veces y media y la edad de jubilación no llega a subir un 5% está claro que la sostenibilidad del sistema no depende de lo que viva el pensionista, sino de otra cosa.

             Se nos dirá que se debe a que ha aumentado el número de bocas (que además son más viejas)... ¡Pues tampoco! Porque si se analiza lo que suponían las pensiones de vejez en 1.995 nos encontramos con que representaban un 8,3% del PIB mientras que en 2.008 (último dato del que hay serie en INEBASE) vemos que representaban ¡un 6,8%!(*). Es verdad que se pagan más pensiones de vejez, pero también es cierto que, en proporción a lo que ha crecido el PIB, el reparto es menor. Entre tanto alguien se ha comido el queso.

             Como los datos son contundentes al neoliberal sólo le queda recurrir a la imaginación, a la videncia y a aterrorizar con el futuro: pinta escenarios futuristas siniestros, en el que la gente vive doscientos años (¡viva!), nadie trabaja (casi cómo ahora) y todos pululamos macilentos, con heridas purulentas y los ojos inyectados en sangre, tullidos, enfermos como los zombis de “the walking dead”. Esta profecía según ellos llegará, seguro, si no se recortan hoy las prestaciones: pero esto ya no entra en el campo de la razón sino de la literatura de catástrofes, de la que mi hermano es avezado escritor.

              La segunda línea de opinión, la siniestra, busca la sustitución del actual sistema de pensiones, de solidaridad intergeneracional (aunque poca solidaridad, ya se ve) por otro absolutamente insolidario: el mecanismo de capitalización: cada uno se busca la manera de ahorrar para su jubilación como pueda: es el sistema “pinochetista”: el que está en el paro, el cien, quinientos, mil eurista la mayor parte de su vida, llegará a la edad de jubilación con una “mochila” en la que, con suerte, habrá liendres y chuscos de pan; el hijo de papá, alto directivo, heredero de empresas, controlador de AENA, directivo de banca, político de alfombra y coche oficial se jubilará con una mochila llena de latas de caviar, “moetchandon” y fruslerías de este tipo. Este es el modelo de Estado de Bienestar que gracias a tirios (PP) y troyanos (PSOE), cada vez se ve más cercano.

           Volviendo al hilo, sólo me queda insistir en que las pensiones, también las pensiones, son una cuestión de reparto: si quisiéramos dar a nuestros jubilados un mayor trozo de tarta de lo que produce nuestra economía (un 6% más de nuestro PIB, sesenta mil millones de euros, por ejemplo, para situarnos como Alemania) no pasaría nada. Se financiaría con cotizaciones, con impuestos, con lo que fuera y seguiría sin pasar nada... 

              Nada, nada... ¡Miento! Otros se quedarían sin ese trozo de pastel, los ricos: pero, a estos también les haríamos un favor: con la cantidad de tarta que ya comen, al quitarles un pedacito, quizá les salvemos de la diabetes.

(*) Eurostat nos adjudica un 25% de gasto social (que incluye todo tipo de prestaciones sociales) sobre nuestro P.I.B. en 2.008, que es superior a los datos del INE (22,7%, me sale a mí en INEBASE): con ese porcentaje nos colocamos por debajo de la media de la UE-27 (la que recoge a pobres, ricos, países del este y occidentales) que es el 29,5%, por detrás de Dinamarca, Francia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Reino Unido, Grecia, Irlanda y Portugal. Mirando hacia abajo es posible que el Gobierno (anterior, actual y futuro) trate de colocarnos en la línea de países como Eslovenia, Hungría, Luxemburgo (aquí todos son ricos, no les hacen falta las pensiones), Lituania, Chipre, República Checa, Malta, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Letonia. Creo que a gobierno y patronal el modelo de Rumanía (17,1%) les parece el mejor... Un poco alto, quizá. Descartado, desde luego, el de Laponia (30,3%).

Duty Free IV

              España... El país del ladrillo, las autovías y el AVE... el gusto por el hormigón en posición horizontal y vertica... Vamos a analizar la cuestión de los caminos, senderos, carreteras, carreterillas, autovías y autopistas.

            Como ya he comentado en este post, la empanada que debajo de la boina llevamos los españoles nos hace creer que el progreso viene a causa de las infraestructuras en lugar de ver que primero es el progreso y luego las infraestructuras: plantando un aeropuerto en Villarriba o una estación de AVE en Villabajo habremos convertido estas dos villas en polos de desarrollo mundial; si no ponemos esas “cosillas” en estos pueblos ya sabemos cuál es la causa de su atraso: no es que estén todo el día de fiesta, haciendo paellas y jugando con las burbujas del “fairy": es que precisamente por no tener AVE y aeropuerto no pueden desarrollarse. ¿La culpa? De los políticos naturalmente, que no han traído inversiones para su pueblo.

             De esa época y forma de pensar viene la maraña de carreteras de doble vía que inundan nuestro país. El beneficio social de poder transitar en vehículos de transporte individuales a toda pastilla y de favorecer (subvencionar) el ineficiente transporte de mercancías por carretera, se compensa con el coste social que supone que, por donde pasa una autovía, se destruye un paisaje y se consigue que, lejos de atraer inversiones, los paisanos de los pueblos por dónde pasa huyan a toda velocidad de sus lugares de origen, bien para no volver, bien para volver sólo a dormir, convirtiendo lo que hasta entonces eran núcleos agradables para vivir (con su tienda, su farmacia, su plaza, bar...) en cárceles en régimen abierto.

           Pero, en fin, hecho el daño, vamos a ver cómo lo pagamos: identificamos beneficiarios en primer lugar. Aquí es difícil encontrar otros que no sean los usuarios, bien a título particular, bien bajo la forma de empresas que trasladan sus mercancías, sin olvidar la propias empresas de transporte de mercancías y de viajeros.

             Apartándome de la ortodoxia “progre” habitual, la verdad es que no veo problema para que sean los usuarios las que paguen su construcción y mantenimiento, bien vía peaje, bien vía impuesto especial (sobre hidrocarburos). Incluso se puede ir más lejos: imposición adicional sobre los vehículos de más cilindrada, o sobre los que más destrozan la infraestructura (camiones). Lo que no acabo de ver es por qué una autovía de Granada o una autopista de Cataluña la tiene que pagar una ancianita en una residencia de Lalín.

             Económicamente el precio del peaje, si el que lo soporta es un empresario, lo trasladará, vía precios en la venta de sus productos, que reflejarán, de mejor forma los costes que ha supuesto su movimiento, que no es sólo el combustible y la amortización de la caja y la cabeza tractora sino también el suelo que pisa el camión y el medio ambiente que destroza. Con un poco de suerte el consumidor se dará cuenta, por el bolsillo, de lo caro que resulta el tomate de Almería respecto del de Mansilla, viviendo como vive en León, algo de lo que hoy no se entera: el producto autóctono le parece caro respecto de un producto lejano, más barato porque entra con “dumping” derivado de que parte del coste de transporte lo pagamos entre todos.

            Respecto de los consumidores finales que transitan por esas vías y que pagan o pagarán peajes tampoco me parece que puedan alegar nada en su favor: después de todo conducen un medio de transporte individual (que, por cierto, contribuye como nada a crear una conciencia individualista), insolidario y agresivo (contra el medio ambiente y contra todo lo demás): tendrán que valorar lo que supone esa forma de moverse. 

           A estas alturas de la película, muchos de los lectores que todos los días, para ir a trabajar, pagan peajes sin cuento se habrán indignado: después de todo su posición varía algo respecto del “turista accidental”: se ven “obligados” a pagar para ir a trabajar, bien porque no podían vivir en otro lado, bien porque no podían vivir en régimen de propiedad (como buenos franquistas) en otro lado, bien porque no valoraron bien los costes de vivir en el saludable e individualista ambiente de una urbanización. Cada caso será un mundo pero, siendo coherente con lo que he indicado en capítulos anteriores, aparece aquí un nuevo beneficiario de que el factor trabajo se sitúe, el solito, a pie de fábrica: pues tendrá que contribuir también a costa de que el viajero-trabajador habitual obtenga una tarifa plana o que pague el peaje con reducción de precio, aunque siempre será mejor la de potenciar el transporte colectivo con exención, incluso, de peajes para los autobuses.

             Aunque claro, eso implica “bajarse de la burra” y empezar a compartir conversaciones y sudores con los demás: algo inaceptable, ¡hasta ahí podíamos llegar!

Duty Free III

          La Sanidad. 

              Es normal que en el Gobierno quieran que la pague el paciente. De tanto corretear con los Obispos se les ha pegado la idea “religiosa” de que el enfermo es un pecador al que dios ha castigado por sus pecados. Si los enfermos son seres impuros y la enfermedad un vicio, o un castigo por los vicios cometidos, “cada uno que se pague sus vicios”. La idea de que uno enferma porque quiere, curiosamente, no está tan erradicada como parece (al menos aquí, en Celtiberia) por diversas razones de orden psicológica: porque mientras uno está sano cree, como la muerte, que a “él no le va a pasar”; además la gente cree que lo que uno siente es dolor de verdad y lo de los demás son cuentos, sin olvidar la cuadrilla de empresarios que no han pegado un palo al agua en su vida y que se presentan como gente con una salud de roble, curtida por el trabajo (“el trabajo es salud”) cuando precisamente han conseguido ese estado de salud no a cuenta de trabajar, sino de haber vivido y comido bien toda su vida.

            Esa idea de que la Sanidad es cosa de otros (“de los enfermos”) y de que enfermo imaginario es el otro explica la poca solidaridad que hay en esa materia. Aquí, en el análisis de beneficiarios hay que concluir que el enfermo es el principal beneficiario de la Sanidad: es el ser (vivir) o no ser (morir).

     Hay beneficiarios secundarios, claro está: el empleador en primer lugar ya que la Sanidad funciona como el servicio de reparación de las “máquinas humanas” que emplea y que muchas veces se estropean porque el cabrón de él no pone las medidas de seguridad necesarias. El empleador es, además responsable del maltrato que sufren esas “máquinas humanas”, que hace que luego enfermen y que, llegada la edad de jubilación tengan la espalda echa un ocho de tanto llevar cajas de aquí para allá porque el empresario prefirió gastar en un safari antes que invertir en una carretilla eléctrica: no es sólo beneficiario de la Sanidad (reparación) es también un generador importante de gasto sanitario al estropear la salud de sus trabajadores.

           La sociedad, en general, también se beneficia de una buena Sanidad, tanto por lo que se refiere a la prevención de contagios, epidemias, como al bienestar general que la Salud genera.

         Identificados, como digo, los beneficiarios la cuestión es si deben pagar todos ellos y cómo: el enfermo parece claro que no, o, al menos el enfermo que quiere curarse y que sigue las prescripciones médicas. Empresarios y sociedad serán, entonces, los que tendrán que apechar con el gasto, y lo harán vía impuestos. De nuevo los Impuestos, y los impuestos progresivos en función de la verdadera capacidad económica de las personas, se muestran como la única solución al problema.

Duty free II

            Vamos con la educación y sus dichosas “tasas universitarias” (que, en realidad, son “precios públicos”). En todas las casas decimos a nuestros "guajes" “estudia si quieres ser algo en la vida” y, desde Pinocchio hasta hoy sabemos que el que estudia se hace un hombre de provecho y el que no, acaba de burrito en las minas de sal, explotadas por algún secuaz de la CEOE. El neoliberal ve en este prejuicio “petroleo” para vendernos la idea de que, puesto que el beneficiario de la educación es el alumno, que sea él (o sus papás) los que sufraguen el coste.

        Hagamos de nuevo el análisis que proponía en el capítulo anterior. El primer beneficiario de una persona formada, instruida o “empleable” (el concepto de educación murió con Bolonia) es el empleador: no es lo mismo contar con arados de bueyes que con tractores, ni da igual comprar ábacos que ordenadores. El tipo de empresa, su productividad y la capacidad de competir variará enormemente si sólo tengo disponible mano de obra analfabeta, que si tengo a mi disposición universitarios. En el capitalismo las personas son máquinas, llamadas “task force” o recursos humanos: a mejores máquinas mayor y mejor producción que es de lo que se trata: producir, producir, producir... hasta llenar el mundo de productos que nadie puede comprar.

           El empleador, además, se beneficia de tener esas máquinas humanas “a pie de obra”: si tuviera que ir a buscarlas más lejos, el factor humano le costaría más, perdería tiempo en encontrarlas y cualquier reemplazo sería muy gravoso de la misma forma que cuando se nos estropea el router y hay que mandarlo a reparar a Corea o traer la pieza desde allí (en cualquier caso son seis meses de espera y pagar los portes). 

           El segundo beneficiario es el estudiante, es obvio. Mediante la formación asciende (o ascendía en tiempos más románticos) en la escalera social para ocupar puestos “con mejores vistas”, es decir, sobre las cabezas de otros más tontos (culpa de ellos) o con menos oportunidades (también culpa de ellos). Cuanto más “empleable” sea más dinero ganará y más pronto se desentenderá de que si ha llegado ahí ha sido por el esfuerzo solidario de los demás miembros de la sociedad y creerá que ha sido exclusivamente por méritos propios. Es increíble la cantidad de médicos, Abogados del Estado, Ingenieros, Notarios... que piensan que todo lo que han conseguido se debe sólo a su esfuerzo personal, y creen que, naciendo en Somalia, o en una chabola ocupada por una familia de inmigrantes ilegales, hubieran llegado al mismo sitio dónde están ahora.

          El tercer beneficiario es, efectivamente, la sociedad: para su armónico funcionamiento para rebajar el nivel de ruido y reyertas, así como para evitar las intoxicaciones por gases en las piscinas, se precisa contar con el menor número de “canis” y “chonis” posible: esto es tan importante, se genera un beneficio social de tal orden que los países civilizados han entendido que debe existir unos niveles de educación obligatoria y gratuita, que van desde los dos o tres años que propone "Espeonza Aguirre", hasta los 80 o 90 que serían precisos para desidiotizar a algunos elementos especialmente contumaces. Cuestión distinta y peliaguda es decidir si la educación gratuita además de “deschonificar” tiene que acabar haciendo a “to'quisqui” universitario, entre otras cosas porque no tenemos puestos de trabajo universitarios para todos los españoles. Pero esto es otra cuestión que tendremos que abordar en su momento.

              Llega la hora de pagar por lo que no es gratis. Con lo que hemos visto ¿cómo lo hacemos? Parece sencillo si separamos la educación básica de la “otra”: la primera la pagamos entre todos, cueste lo que cueste (vía impuestos), la segunda... ¡También! Las empresas ganan MÁS teniendo empleados más formados, pues que tributen MÁS por sus beneficios (o que paguen un impuesto especial para contribuir al sistema educativo); los trabajadores con estudios ganan MÁS debido a su formación, pues que tributen MÁS por su retribución (I.R.P.F.(*)). 

          Sólo queda discutir, en este segundo caso, si la financiación la hacemos por un mecanismo de solidaridad intergeneracional o no; me explico: si lo hacemos así, los trabajadores cualificados de hoy pagan, con sus impuestos, la formación de los de mañana, si no aceptamos la solidaridad entre generaciones, prestaremos hoy a los estudiantes el dinero que necesitan para la formación y que tendrán que devolver a la sociedad el día de mañana. Este segundo sistema parece más costoso e ineficiente, pero, visto el aire neoliberal que corre, recomiendo a los lectores que recalifiquen la propina que les dan a sus hijos como préstamo, anoten las cantidades en una libreta y, al cabo de treinta años, les presenten la cuenta con intereses.

(*) Y si, finalmente, se van a trabajar a Alemania y pagan sus impuestos allí, habrá que pasar la cuenta de su formación a Merkel.

Duty Free I

           “Cree el ladrón que todos son de su condición”: eso es lo que le pasa al neoliberal cuándo quiere hacer creer que “progres”, “rojos”, “yayoflautas” y demás especies piensan que “todo es gratis”. Nada más lejos de la realidad, en todo caso, los grandes devoradores de la “sopa boba” son ellos, los neoliberales, acostumbrados a “emprender” con las empresas y capitales heredados de sus padres, a base de subvenciones y contratas públicas, en mercados “cautivos y desarmados” como el celtibérico (así, cuando salen fuera, son la mofa y befa de sus hermanos capitalistas mayores, sardinas entre tiburones). Crean incluso gilipollescos blogs como el “nadaesgratis” y similares, para irnos metiendo en la cabeza que los recortes sociales son, en realidad, el justo precio de los servicios que recibimos y que, como niños en un puesto de “chuches” (que diría Mariano), se nos antojan continuamente como si no costaran nada.

           Mienten y mienten a sabiendas. Llevo cuatro años explicando a los alumnos (y a quién me quiera oír) que aquí, efectivamente, “nada es gratis”, la cuestión es QUIÉN TIENE QUE PAGAR. Nada de pensar que las cosas no tienen coste, que caen del cielo, o que surgen de la nada: los servicios públicos, las prestaciones sociales... cuestan dinero.

           Y aquí, al llegar al nudo gordiano de la cuestión, el neoliberalismo rampante aporta su solución: los servicios públicos, como los demás bienes, los tiene que pagar el usuario, el que los usa, los disfruta o los padece (según su calidad): y ahí el pobre ciudadano, acostumbrado a pagar la luz, el agua, el teléfono, el canal+, claudica y entiende, como lo más justo, que también deba pagar por la Sanidad, la Educación, la policía, los bomberos, la autovía, el metro... De esta perversa idea extraen su corolario: si los servicios los deben pagar los usuarios, no deben ser deficitarios: si los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos de un servicio público, lo que hay que hacer es subir los precios que paga el usuario (billete de metro, tasa universitaria, peaje, copago...).

             Nada más lejos de la realidad: la idea de pagar por lo recibido es injusta y regresiva (o puede serlo): de la misma forma que los bebés no pagan sus “dodotis” (aunque cuestan dinero y bien que los usan) no se debe hacer un silogismo entre coste de servicio y pago por el usuario. Desgraciadamente son muchos años de pensamiento único y de gobierno PPSOE incidiendo en la idea de que se pagan impuestos por los servicios que se reciben para que ahora, en dos minutos, la gente se caiga del caballo y se dé cuenta de que impuestos (y contribuciones y tasas y precios públicos y privados) y servicios no tienen por qué ir unidos: se pagan impuestos por lo que se tiene o gana (capacidad económica) y se recibe por lo que se necesita (prestaciones sociales). Quizá, en su origen, la culpa de todo la tenga Radio Futura y aquella cancioncilla que decía “Yo pago MIS impuestos/ y tu eres MI enfermera de noche”: de esos polvos (nunca mejor dicho), estos lodos.

              A la idea neoliberal de pago por uso, e ingresos y costes equilibrados hay que oponer un análisis coste-beneficio que, en primer lugar incorpore los costes y beneficios sociales además de los puramente monetarios, a continuación indique quiénes son los verdaderos beneficiarios de un servicio público (y no los aparentes) y, finalmente, discuta si esos verdaderos beneficiarios deben o no afrontar el coste (y en qué cuantía) del servicio.

           A propósito he descartado el viejo truco neoliberal de centrar el debate en el coste monetario del servicio, para, como ellos hacen, añadir enseguida lo “insostenible” que resulta: la falacia consiste en desviar la atención al hecho de que los servicios sociales son una cuestión “de reparto”, de a qué destinamos los beneficios de la actividad económica, por lo que nada “es caro o barato” ni “lo podemos o no pagar”: todo se puede pagar mediante la redistribución vía impuestos, destinando más cantidad de beneficios (en los bolsillos de los que más tienen) a pagar esos servicios. Esto lo veremos muy claramente cuando analice el sistema de pensiones, pero resulta evidente con un ejemplo: cinco amigos podremos ir a comer todos los días del año a Arzak, aunque cuatro de ellos sean “ceroeuristas”, siempre que el quinto sea, por ejemplo, Adolfo Domínguez: sólo es cuestión de que sea éste último el que pague la factura, de grado o por la fuerza: por la fuerza de un sistema coactivo (el Estado) que imponga la redistribución,

        En la serie de post que iré publicando sucesivamente los siguientes días, y, a modo de argumentario antineoliberal, realizaré este análisis para los siguientes servicios públicos: el metro, la educación, las autovías, la Sanidad y las pensiones, por ser los temas más candentes. Se admiten sugerencias para incorporar más elementos a la serie.

      Empiezo por el metro (y en general el transporte público), como aperitivo, porque es un tema que ya se ha tratado en este blog: en apariencia el beneficiario del metro es el usuario, y en la visión neoliberal así es. Pero lo cierto es que el primer y mayor beneficiario del metro (y del transporte público) es aquella persona que tiene propiedades cerca de una estación de metro (parada de autobús, estación de tren...) porque su propiedad se revaloriza enormemente, lo que le supone, o bien mayor ganancia patrimonial si la vende, o aumento de sus rentas, si la alquila.

     El segundo mayor beneficiario del metro es el empresario/empleador que consigue, tener, a pie de fábrica a sus obreros (“blue or white collars, of course”) de una forma barata y eficaz. Si no existiera el transporte colectivo, tendría que pagar más a los trabajadores, construir aparcamientos en la empresa, fletar autobuses o habilitar vehículos para el transporte de ganado (la opción favorita del empresario español)... Todo eso el empleador se lo ahorra.

       Finalmente está también, obviamente, el usuario: y entre estos, podremos también distinguir entre aquellos que no les queda más remedio que usar el metro (para trabajar, para llevar a los niños al colegio, para ir al médico...) de aquellos otros que lo utilizan esporádicamente, bien porque van de turismo, bien porque, acostumbrados a viajar en taxi, les resulta una experiencia exótica y les es de utilidad para, en las entrevistas que les hacen, poder darse un toque “proletario”.

       A partir de aquí, podemos aplicar un reparto de costes, en el que la parte del león la sufraguen propietarios y empresarios, y que el usuario por obligación pague (vía abono mensual) la menor parte posible... ¡Tal y cómo se viene haciendo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao...!¿Verdad?