Respecto del “tema”,
es decir, de la nacionalización parcial de la empresa REPSOL, por lo
que respecta a su filial argentina, YPF, lo primero que me viene a la
cabeza, en un blog tan pedante como éste es el término “jingoismo”,
que ya he comentado en otros posts: viejo vicio inglés que los
españoles hemos copiado porque ya sabemos que un rasgo diferencial
de la idiosincrasia de este país es copiar todo lo malo que viene
del exterior, y renegar de todos los avances extranjeros. ¡Qué
bonito hubiera sido ver el mismo empeño del gobierno español en
defensa de los intereses de justicia que exige la familia de Couso
que en los intereses económicos de la empresa privada Repsol! Pero
se conoce que esa familia no tiene pozos de petroleo.
Dicho esto, conviene analizar con
calma algunas circunstancias que, difícilmente vais a encontrar en
otros blogs:
En primer lugar tenemos las
circunstancias jurídicas. La Constitución Española
de 1.978, en su artículo 132.2 dice que “son bienes de
dominio público estatal los que determine la ley, y, en todo caso,
la zona marítima-terrestre, las playas, el mar territorial y los
recursos naturales de la zona económica y la plataforma
continental”. En esa misma línea el Código Civil indica
que es de dominio público tanto el vuelo como el subsuelo de los
predios. Así, por ejemplo, cuando un propietario excava un pozo en
su finca y obtiene agua, ese agua y ese pozo NO son de su propiedad,
sino del Estado. Si quiere aprovecharse de ese agua tendrá que
solicitar una autorización para su uso, que se le podrá o no
conceder. Otro tanto sucede con las minas, que son también bienes de
dominio público que se explotan, en régimen de concesión, por
empresas privadas. Es frecuente que la gente de la calle, el común
ignore estas cosas y crea que todo lo que está “debajo”
de su propiedad, es suyo (por encima tiene más dudas, aunque podría
reclamar la propiedad de alguna estrella (aunque sea en
multipropiedad), pero lo ve más lejano (y sin beneficio económico
de momento).
Más cosas jurídicas: la constitución
también indica, en su artículo 45.2 dice que “Los poderes
públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva”. Respecto de las
expropiaciones el artículo 33 somete el derecho a la propiedad
privada a la función social (33.2) y, en el artículo 33.3 dice que
“nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por
causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la
correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por
las leyes”.
En definitiva, nuestra Constitución y
todas las constituciones de nuestro entorno contienen clausulas que
garantizan el poder del Estado sobre los recursos naturales del país
y la posibilidad de expropiaciones por utilidad pública o interés
social (conceptos jurídicos indeterminados muy amplios). Lo que
sucede en el presente caso es que lo que queremos para nosotros no
queremos que lo quieran para ellos los países menos desarrollados:
es decir, la ley del embudo. Mientras Noruega o el Reino Unido
explotan de esta forma los recursos petrolíferos del Mar del Norte
sin que nadie diga nada, si los Estados latinoamericanos quisieran
aplicar ese modelo jurídico les declararíamos la guerra. Sólo
nuestras leyes son las buenas (las de los otros deben ser una especie
de “mandados tribales”) y nosotros decretamos lo que es de
utilidad pública e interés social para los argentinos. Es una
bonita forma de confirmar el punto de vista de los que creemos que el
colonialismo no ha terminado.
Atendamos también a los factores
económicos. La extracción de petroleo, corresponde a una
actividad económica que, en toda tierra universitaria de garbanzos,
se denomina “monopolio natural”, concepto del que
ya hemos hablado en otros posts. Este tipo de actividades tienen el
“pequeño” problema de que requieren tal cantidad
de costes fijos (inversiones de mucha cuantía) que no están al
alcance de cualquiera, por lo que el mercado no garantiza la
competencia perfecta. De hecho el caso de los monopolios naturales es
objeto de estudio en cualquier asignatura que trate de la Economía
del Sector Público, pues es un caso de fallo de mercado conocido
desde Adam Smith (el mismo lo analiza en su libro “La
Riqueza de las Naciones”) y que resulta incuestionable para
todos, excepto para imbécil de Rallo. Pero, como aquí no estamos
para enseñar a imbéciles sino para ilustrar al público en general,
baste citar al conservador Rosen, que, en su Manual de
Hacienda Pública califica al monopolio natural como la “situación
en la que los factores inherentes al proceso productivo conducen a
que sea una única empresa la que suministre toda la producción de
la industria”. Este autor y todos (salvo el grupito
ultramontano de irreductibles antisistema(*)) exponen las soluciones
a este problema que van desde las subvenciones, los gravámenes, la
regulación hasta la nacionalización. Esta última solución ha
desaparecido de los manuales modernos (y del pensamiento único): por
ejemplo, el manual de Stiglitz lo comenta, como de pasada, al
decir, “Cuando hay un monopolio natural con costes
enterrados, existe el riesgo de que el monopolista se aproveche de su
posición y cobre un precio elevado. Una manera de resolver este
problema es, como hemos visto, la producción estatal”.
Enseguida recula, para no salirse (por lo menos en la fecha en la que
escribió esto) de la línea ortodoxa de pensamiento, de los que
curiosamente dicen no tener línea ortodoxa, por lo que añade “pero
cada vez preocupa más que el Estado no gestione bien la producción.
En lugar de intentar producir el bien directamente, puede dejar la
producción al sector privado, pero regulando los precios para
asegurarse de que la empresa no se aprovecha de sus posición
monopolística. También puede recurrir a subvenciones para animarla
a suministrar servicios que no le resultaría rentable suministrar
pero que se consideran socialmente deseables, como los servicios de
correos en las zonas rurales”. Hoy día, sin duda, lo más
preocupante es cómo gestiona el sector privado estos servicios
públicos, pero cuando el autor escribió esto todavía no se había
caído del caballo.
Pues bien, lo que está haciendo
Argentina (y Bolivia y Venezuela...) es aplicar una de las posibles
soluciones para evitar que el monopolista se “aproveche”
de su posición, como dice Stiglitz. En ese sentido económico
su actuación es irreprochable. Aún más, lo que están haciendo
estos Estados Latinoamericanos es deshacer el erróneo camino de las
privatizaciones de los servicios públicos. No hay que olvidar que
durante siglos, las empresas de servicios públicos y las de
monopolios naturales eran empresas públicas y, todo funcionaba con
solvencia y estabilidad. Fue precisamente el proceso privatizador de
los ochenta y noventa el que nos arrojó al turbulento mar en el que
ahora estamos sumidos. Enhorabuena a los argentinos por reconocer el
error y dar marcha atrás. ¡Ojalá pudiéramos seguirlo y volver a
tener el control público de Telefónica, Iberia, Enagás, BBVA,
Repsol... y tantas y tantas empresas públicas que, en la vorágine
del neoliberalismo, regalamos a amigos y compañeros de pupitre!
Otro factor a considerar es el laboral
y tributario. Repsol, como la mayoría de nuestra
“multinacionales” dan la espalda a la creación de
empleo en el país en el que tienen su sede, o su centro gestor de
negocios. Por eso no es sorprendente que cuándo se realizan los
análisis de los empleos directos e indirectos (los más importantes)
que estas empresas generan en España, el resultado es nimio respecto
del que crean fuera de nuestro territorio. En suelo patrio únicamente
se emplea a un puñado (apenas dos o tres mil) lacayos de cuello
blanco que vivaquean en lo que hoy modernamente se conoce como los
“headquarters” de estas compañías destinando la
mitad del tiempo al apoyo en la toma de decisiones por las que se
aniquilan pueblos enteros “allá en el tercer mundo”
y la otra mitad dando por saco en internet, defendiendo a su amo por
la cantidad de puestos de trabajo cualificados (debe ser por el uso
de corbata) que aquí se crean, como truco para justificar el ser
ellos unos de los pocos privilegiados que todavía trabajan en esas
compañías.
Respecto de lo tributario, el excelente
artículo de Alberto Garzón describe la cantidad de impuestos
que Repsol paga en España. En realidad, estas empresas no pagan
impuestos ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio: en parte porque
aprovechan todos los agujeros habidos y por haber en la red de
Convenios internacionales para arrastrar la rentas al territorio de
más baja tributación posible, en parte y por lo que se refiere al
Impuesto sobre Sociedades Español, por lo que comenté en otro foro:
Repsol es una de las empresas que más se aprovechan de la regla “un
euro ingresado y un céntimo pagado en impuestos” explicada
en dicho artículo.
“Last, but not least”
están los factores productivos y tecnológicos. Para
estos recomiendo leer el post de mi hermano sobre el tema. Es
indudable que la industria del petroleo está en decadencia y que,
como tal decadencia, nadie está dispuesto a soltar un duro si no va
a obtener rentabilidad por ello. Es una prueba evidente de lo que
Antonio lleva diciendo años: la falta de inversiones, de
mejoras, en un sector que ya está muerto. Es normal en el sistema
capitalista, donde todo está guiado por su valor económico y por la
tasa de retorno económico (TAE) en lugar de, por ejemplo, la de
Retorno Energético (TRE)(**), eso sea lo habitual y que Repsol,
conociendo lo ruinoso que sería seguir invirtiendo capital en pozos
cada vez más secos, prefiera arreglar las máquinas ya existentes
con esparadrapo y papel de cello, antes que comprar otras, que es de
lo que, inicialmente, le acusaba el Gobierno de Argentina. Es
posible, incluso, que Repsol haya preferido librarse de un negocio
que lleva camino de ser ruinoso, de la misma forma que intentamos
vender el coche en cuanto empieza a dar problemas. En este caso todo
sería un montaje, un tongo de plató de Telecinco, para, por un
lado, demonizar al enemigo extranjero (al “progre
latinoamericano”) y por el otro distraernos de nuestros
problemas diarios y de los políticos que los agravan. Es curioso
porque eso es, precisamente, de lo que acusamos al gobierno
argentino, de desviar la atención de sus problemas.
En cualquier caso, dicho lo
dicho y volviendo a la idea del nacionalismo exacerbado del Señor
Holyoake, para el caso de Argentina la solución de nuestro gobierno
es clara: “send a gunboat”
(*) Demsetz y Stigler.
(**) y, desde luego, para nada con la
tasa de retorno social (TRS) que desde aquí reivindico.
