Falta criminalizar al deudor, y de eso se encarga la superestructura ideológica. El capitalismo predica austeridad, ahorro, esfuerzo. Bajo ese principio sólo está justificado el endeudamiento por un “buen fin”: ampliar el negocio. En el ámbito público es el principio presupuestario económico clásico conocido como “principio de autoliquidación de la deuda” (que, por cierto, cayó en el test del segundo parcial de la asignatura): el Estado sólo debe endeudarse para financiar inversiones que le sean rentables en el futuro. En el ámbito particular nos tragamos, a regañadientes, el endeudamiento para la compra de bienes de consumo duradero y sólo admitimos bastante convencidos la adquisición de vivienda con hipoteca, entre otras cosas porque estamos pensando que un inmueble, con el tiempo, aumenta de valor, con lo que endeudarse por una vivienda es, en el fondo, una operación de ahorro (me endeudo hoy por 100, para tener el día de mañana un bien libre de cargas que valdrá 200).
Fuera de esto, el recurso al endeudamiento es algo de depravados: de gente que no sabe ajustar sus gastos a sus ingresos, que dilapida sus rentas (probablemente asociado a una debilidad o “pecado” como la adicción a las drogas, la ludopatía o el alcoholismo) o que vive por encima de sus posibilidades (incumpliendo así el dicho castellano de “así es la cuerda, así se estira”). El aparato ideológico afirma que mientras que el prestamista es un honrado profesional, laborioso, que se gana la vida mediante una hábil combinación de audacia (es un emprendedor) e inteligencia (domina la matemática financiera) el prestatario (o deudor) es un ser vicioso y consentido, que necesita de ese dinero para seguir manteniendo su desordenada vida. Si se ocupara de ordenar su casa y reducir gastos no tendría que verse obligado a ir mendigando un dinero que sabe que no es suyo y que tendrá que devolver en el futuro, y si no tiene para ello, deberá hacerlo incluso con una libra de su carne (*), se desangre o no con ello. Y, sin embargo, ¡que ironía!: no pueden existir el uno sin el otro, ni el otro sin el uno y sólo habrá solución cuando se superen prestamista y prestatario, mediante la abolición de los préstamos.. Pura dialéctica hegeliano-marxista.
El aparato ideológico dominante se olvida, por supuesto, que parte de ese endeudamiento de la clase trabajadora procede de la necesidad de mantener un determinado nivel de vida que no puede ser alcanzado por un aumento real de sus rentas del trabajo, porque, precisamente al capitalista no le ha dado la gana de mejorar el nivel de las rentas salariales (a costa de sus beneficios) en el último siglo, ni los poderes públicos han estado interesados en redistribuir la riqueza compensando la molicie del capitalista. Pero eso sí, con dinero propio o de prestado hemos seguido consumiendo sus productos: ¡qué conste!
No hay diferencias ideológicas entre el maltrato y la vejación al deudor sea público o privado. Si es público habrá que examinar por qué ha sido tan derrochador que ahora se ve sin un duro, teniendo que vivir de prestado. La causa la aprecia hasta un niño de primaria, pero no un economista "al uso": si la economía doméstica se descompensa porque han despedido a su padre, el niño sabe que la causa del desequilibrio entre ingresos y gastos no es porque en su familia se derroche sino porque ha dejado de entrar un sueldo en casa. Si hay crisis, el déficit fiscal se produce en su mayor parte por la caída de ingresos y, en mucha menor medida por el aumento de gastos (que, no obstante, algo aumentarán por el pago de prestaciones como la del desempleo): el caso de España es paradigmático en este sentido. El niño se preocuparía si, en el futuro estos ingresos no se recuperaran, si su padre no volviera a encontrar trabajo; el economista, sin embargo, aprovecha el “momentum” y plantea una reforma del Estado basada en el recorte de gastos, pero un recorte selectivo, que evita tocar aquellos gastos que son ingresos para sus representados: básicamente los bienes y servicios que venden sus clientes a las Administraciones Públicas, las inversiones que realizan para el Estado y las subvenciones percibidas por sus representados con cargo a fondos públicos. Todo lo demás es negociable y ¡ay! recortable: prestaciones a familias, sueldos de funcionarios, educación y sanidad producida directamente por el Estado...
Y, a partir de aquí empieza la batalla.
(*) Ese hubiera sido hoy el fallo del Tribunal de Venecia.
ahora sí que no te sigo, no sé si antes prestar capital financiero era malo o ahora defiendes el derecho a disponer de crédito para cualquier tipo de gasto, incluídos vícios varios.
ResponderEliminarDesde luego, no veo por ninguna parte la criminalización de la que hablas ni el aparato ideológico al que demonizas.
Prestamista y prestatario no pueden vivir el uno sin el otro, cierto, de ahí que yo veo una simbiosis donde tú ves la necesidad de abolición (supongo que el momento será el preciso instante en que todos los prestatarios salgan con los bolsillos llenos de casa del prestamista).
Por otro lado, estoy de acuerdo en que si el desajuste presupuestario se produce por la caída de ingresos, es ahí donde hay que atacar principalmente, pero resolviendo el problema donde se generó la caída (pérdida de cotizantes y actividad económica) y no subiendo el IVA para agravarlo más.
Los "economistas" que mencionas (me sorprende que utilices este término porque a priori no marca tendencia ideológica alguna) intentarán hacer del río revuelto su ganancia pero para dejarlos sin argumentos basta con trabajar en la línea apropiada de subir ingresos o demostrar que son los otros gastos los recortables.
Te doy la razón en que hay que eliminar subvenciones varias a sectores que deberían estar expuestos a las vicisitudes del libre mercado y caer hasta donde deban hacerlo.