Qui prodest?

          Cada curso indico que el objeto de mi asignatura es dar contestación, en el ámbito de la economía del Sector Público, a las siguientes dos preguntas:

          ¿A quién beneficia cada decisión pública?

          ¿Cuánto nos cuesta?

          La primera pregunta (¿a quién beneficia?, qui prodest?) debe ser resuelta en dos niveles: el aparente y el real. Dicho con otras palabras, debemos conocer a quién aparentemente beneficia una decisión pública y a quién realmente beneficia. En muchos casos existe una disociación clara entre el beneficiario "aparente" o nominal y el beneficiario "real" o material (en nuestro caso económico). El nivel aparente se reserva para las declaraciones de los políticos y para las exposiciones de motivos de las normas; el nivel real es el que ha movido los hilos para la toma de la decisión pública. 

           Un par de ejemplos aclararán ese doble nivel: el primero de ellos, sacado del manual de la asignatura (Stiglitz J, La economía del Sector Público) presenta la ampliación de una línea de metro hasta un determinado barrio: aparentemente los beneficiarios son los vecinos de ese barrio, especialmente los más humildes que son los que, teóricamente, precisan del transporte público. Realmente los beneficiarios son los propietarios de las viviendas del barrio que pueden coincidir o no con los vecinos: su propiedad se ha revalorizado y pueden venderla más cara. Si tienen esas viviendas arrendadas podrán exigir una renta más alta que antes, pues ahora la vivienda está mejor comunicada. La subida de los alquileres de esa zona desplazará precisamente a la gente con rentas más bajas que ya no podrán vivir en ese barrio y tendrán que trasladarse a una zona más periférica(*). 

          El segundo es un ejemplo local (y real) que explico en clase: teniendo en cuenta que los expedientes de regulación de empleo afectan a trabajadores de una edad en la que, dificilmente, van a encontrar otro trabajo, conviene aligerar la tributación de las indemnizaciones que se van a percibir, pues van a ser los últimos ingresos que va a percibir ese trabajador hasta su jubilación o hasta llegar a la edad del subsidio de desempleo: aparentemente el despedido se beneficia de esta medida pero, realmente, las indemnizaciones se pactan por el neto (por el "limpio" como los futbolistas) por lo que el trabajador recibe el mismo dinero que antes y el empleador se ahorra los costes de la tributación de ese despido: el beneficiario real es el empresario, que ahora puede despedir más barato.

            La segunda pregunta (¿cuánto nos cuesta?) tiene también dos "caras": por un lado consiste en saber cuánto cuesta y por otro lado saber quién paga (de ahí el uso del reflexivo "nos" que atribuye a un sujeto el coste de la decisión). Es común en el ámbito de las decisiones públicas que el beneficiario y el costeador de la decisión no coincidan, sin que por ello haya que tirarse de los pelos: cada año hago la siguiente pregunta en clase: ¿estariáis dispuestos a soltar algo de vuestro dinero para atender a los niños huérfanos con sindrome de Down que hay en España? y nadie me ha respondido que no. Esta pregunta es tramposa porque oculta la cantidad (el cuánto cuesta) y se centra en saber quién paga (el alumno) y quién se beneficia (el huérfano con sindrome de Down) pero resulta satisfactoria para romper la idea neoliberal de que sólo debemos pagar impuestos por los servicios que recibimos del Estado. 

          Otra cosa es que hubiera preguntado si estaban dispuestos a pagar para que el BSCH no quiebre o para que un ministro cobre una pensión vitalicia. Y si tuviera delante un catalán podría realizar la misma prueba preguntando en primer lugar si está dispuesto a poner algo de su dinero para crear un centro para discapacitados en Extremadura y en segundo lugar si está dispuesto a poner algo de su dinero para, esta vez, construir una pista de hielo en el centro de Don Benito. Apostaría a que las contestaciones del tipo "sí a la primera y no a la segunda" serían, de lejos, las más abundantes, y que el número de negativas a la primera se contarían con los dedos de una oreja. 

         Para contestar esta segunda pregunta dedicamos una parte de la asignatura a aprender a echar bien las cuentas (análisis coste-beneficio) para saber lo que realmente cuestan las cosas y los beneficios que se obtienen y otra parte para examinar las diferentes transferencias de renta que se producen vertical u horizontalmente entre personas o colectivos(**), es decir, a "hacer el mapa" de quién paga y quién se beneficia. Decimos que las transferencias son verticales cuando paga "el de arriba" y se beneficia "el de abajo" (o ¡ay! a veces es al revés) y decimos que son horizontales cuando el beneficiario y el costeador están al mismo nivel.

           Resolver estas dos preguntitas nos llevaría toda la vida, pero procuramos aprender algo a lo largo de todo un curso académico (asignatura todavía anual). A algunos les lleva un par de tardes. Otros llevan casi ocho años gobernando y todavía no han pasado de la primera idea (el beneficiario aparente). Algo debe tener que ver con la propensión de las democracias occidentales a poner al más tonto a gobernar. 

         (*) ¿Debe, por tanto, no llevarse a cabo la ampliación del metro? El propio Stiglitz da la solución: la obra deberá acometerse pero financiada por quién realmente se beneficia de la ampliación.         

         (**) Hay gente que piensa que las transferencias sólo se producen entre individuos y niega, por tanto, la validez de los argumentos de transferencias "territoriales". Resulta reconfortante que las eminencias académicas (sean del signo que sean) siempre enfoquen el problema como una transferencia de rentas entre individuos y grupos de individuos (los catalanes, las mujeres, los dependientes, el cine...) y no sólo entre individuos, porque, evidentemente, las decisiones públicas se hacen teniendo en cuenta los colectivos y no sólo las personas, sin perjuicio de que al final se derrame "la pasta" o "la dolorosa" sobre las cabecitas de los individuos.