Las inversiones, las infraestructuras que el Sector Público realiza siempre se hacen “para mejorar la calidad de vida del ciudadano”: si se construye una línea de AVE, si se abre una nueva estación de metro, o se dota de un parque o una guardería a un barrio, siempre se hace en pro de los habitantes de la zona, y especialmente, de los usuarios de esas instalaciones, que si son de carácter social (transporte público, ambulatorios, colegios...), habrán de ser los más desfavorecidos.
Pero, ¿es esto realmente así? Prácticamente desde Adam Smith sabemos que cualquier infraestructura favorece, económicamente, al terrateniente o propietario del terreno, mediante un aumento del valor de sus bienes inmuebles.
Pongamos el caso de un barrio de Madrid, donde, ahora, por vez primera llega el metro. Es un barrio humilde y seguramente los políticos nos venderán la idea de que, con la llegada del subterráneo, los habitantes del barrio tardarán menos en llegar a sus puestos de trabajo, podrán llegar al centro más rápidamente... Al poco tiempo empezaremos a ver en los anuncios por palabras que los alquileres en esa zona se ofrecerán ahora como “magníficamente comunicados”, “a sólo cinco minutos del centro”, “con todas las equipaciones”.... y si comparáramos estos anuncios con los de hace un año, también veríamos como las rentas que los propietarios exigen son mayores. A la hora de renovar los alquileres los dueños exigirán una renta mayor, porque el barrio ha aumentado de categoría y vivir allí debe pagarse más: los inquilinos que no puedan pagar esa nueva renta serán desplazados hacia barrios más marginales, a los que, todavía, no llega el metro.
Otro tanto sucederá a la hora de vender esos pisos: la propiedad se cotiza más porque las dotaciones del barrio han mejorado: el que quiera vender ahora su piso se encuentra con que puede pedir más dinero por él porque está mejor comunicado. En la contraparte habrá gente que pensaba comprar un piso en esa zona pero que ahora ya no puede hacerlo porque se ha puesto “de moda”, demasiado cara.
Todo ello, se ve, supone un beneficio para los propietarios de los inmuebles: ante cualquier infraestructura ellos son los primeros beneficiarios, antes que los usuarios, mediante un aumento del valor de su patrimonio. Como no son tontos ellos dirán que no, que los servicios se cobren al que va a usarlos, no a ellos que, en algunos casos no residen ni en el barrio, y en otros no usan tales infraestructuras.
En conclusión: las infraestructuras deben hacerse, claro está, pero son los propietarios de los inmuebles “de alrededor” los que deben pagarlas. ¡Entérese Señora Presidenta! Y, en vez de subir el bonometro, pruebe a hacer pagar algo a los propietarios.
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