Patito feo

          “La empresa privada es más eficiente que la pública”, el mantra que repiten continuamente “los del pensamiento único” a través de sus medios de comunicación (que son todos) y desde todos los púlpitos y cátedras del mundo mundial.

           La realidad es otra. La empresa privada, como la chicas del cole en la edad del pavo “se creen las más guays”: “Aquí mandan las divinas” simplemente porque nadie se atreve a decirlas nada, y pobre de la que “les cante cuatro verdades”: queda “desajuntada” de todos los “tuentis”, “mesenyers” y “feisbuks” que en el mundo han sido.

            Por eso mismo la gente no critica a las empresas privadas y sí a “lo público”: porque criticando a las primeras no va a cambiar nada (y, si acaso, te caerá “una manita de hostias”), mientras que criticar a las segundas sí (repito sí) supone un cambio en sus conductas.

           Como todo en este post, la idea está plagiada de quién sabe más que yo:

         “En efecto, podríamos observar entre paréntesis que la opinión corrientemente expresada por el mundo de los negocios de que es más probable que un servicio público pase por alto al consumidor parece ser justamente lo contrario de la verdad. El verdadero peligro es que sea demasiado flexible y sacrifique los intereses permanentes del servicio a la demanda de un abaratamiento inmediato. La protesta instantánea contra la “ineficacia” el “desperdicio” y la “tiranía burocrática” con la que se recibe la propuesta de subir los precios hecha por cualquier servicio nacionalizado es en sí misma la mejor prueba de la protección del consumidor, que ofrece la propiedad pública. En la industria privada, los precios de la ropa, el calzado, la comida y docenas de otros bienes ha subido en más de un 160 por 100 entre 1.914 y 1.921, y nadie llegó más que a refunfuñar de vez en cuando. En cambio, la propuesta de Correos de subir las tarifas telefónicas, causó una ola de indignación en el mundo de los negocios. Como saben por propia experiencia los usuarios de los trenes suburbanos y metropolitanos, ciertas compañías de ferrocarriles venden habitualmente plazas inexistentes en vagones de tercera; y si, muy en contra de su voluntad, el desafortunado viajero pasa a un vagón de otra clase, se le cobra el exceso de tarifa de que la insuficiencia de sus medidas le ha hecho deudor. Si los ferrocarriles estuvieran nacionalizados, la Prensa resonaría con las protestas contra la incompetencia del Estado y la práctica censurable de los funcionarios. Como están en manos privadas no se oye ni un murmullo. La explicación es sencilla. La política de una empresa pública puede ser modificada por la crítica; la de un negocio privado, no. Se considera que la primera está actuando incorrectamente si presiona al consumidor; al segundo se le tendría a menudo por muy excéntrico si no lo hiciera”(*).

               Tawney dixit, y lo dijo ¡en 1.921! ¿Anticuado, Hank?, ¿ya no es así?: Cambiad trenes por banda ancha de tropecientos megas, o simplemente por tener luz en Cataluña, y contadme.

          ¿Os imagináis a Q. y a A. repitiendo visita, estas Navidades, a la sede de El Corte inglés, para que no derroche recursos energéticos en su cortilandia de los cojones?

(*)Tawney R.H. La Sociedad Adquisitiva. Edición castellana de Alianza Editorial. Madrid. 1972 (pp. 127-128)